sexta-feira, 13 de agosto de 2010

Feliz Aniversário Comandante Fidel Castro

Bolívar lanzó una estrella que junto a Martí brilló,
Fidel la dignificó para andar por estas tierras.



quinta-feira, 12 de agosto de 2010

A propósito del ex Presidente Álvaro Uribe y la Corte Penal Internacional



Enrique Santiago Romero

Rebelión

La comunidad internacional ha asistido estas semanas con estupor a los denodados esfuerzos del todavía Presidente de Colombia por complicar aún mas las relaciones diplomáticas de su país con sus vecinos, especialmente con Venezuela, a la que ha hecho blanco de numerosas, graves e infundadas acusaciones politicas y juridicas. Pareciera que tras estas acusaciones se oculte la única intención de Uribe de concluir su mandato presidencial provocando el conflicto armado con Venezuela que tanto buscó -incluso con la instalación de 8 bases estadounidenses en Colombia- pero no consiguió en sus 8 años de presidencia.

Las complejas relaciones entre Venezuela y Colombia durante el mandato de Álvaro Uribe requieren de pormenorizados y extensos estudios que, afortunadamente, a partir del día 7 de agosto de 2010, corresponderá hacer a los historiadores. Uribe ya es el pasado y probablemente ese hecho y sus consecuencias jurídicas -respecto a la pérdida de cualquier inmunidad que le haya alcanzado durante el ejercicio presidencial- son perfectamente conocidas por el todavía Presidente colombiano. No exageraríamos si dijéramos que, tras su salida de la presidencia, el rastro del Presidente Uribe conduce indefectiblemente hacia la Corte Penal Internacional. Y no precisamente como acusador, tal y como ha intentado aparecerse estos días ante la opinión publica internacional, señalando al gobierno y funcionarios venezolanos de "colaboradores" en la perpetración de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra y dando "instrucciones " al Fiscal General de Colombia para que presente las anteriores acusaciones contra el presidente Chávez -suponemos- y otros altos funcionarios venezolanos ante la Corte Penal de La Haya.

Por lo que a continuación expondremos, podemos avanzar no solamente que la acusación del presidente Uribe contra Venezuela carece de fundamento jurídico alguno, sino que más bien corresponde a una estrategia desesperada para ocultar el mayor de los problemas de Uribe a partir de este 8 de agosto: el abultado expediente de acusaciones que, caratulado bajo su nombre, descansa en los cajones de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

Es conveniente repasar la hoja de vida del ex presidente colombiano para comprender sus obvios temores a acabar compareciendo ante la Corte Penal Internacional.

Álvaro Uribe Vélez ha sido denominado como el "precursor del Narco-Estado" por uno de las mas importantes centros de investigación en materia de narcotráfico internacional , "The Narco News" (http://www.narconews.com) desde que en 1997 y 1998, los agentes de aduanas de Estados Unidos en California detuvieron tres sospechosas naves con destino a Colombia que portaban un total 50 toneladas de permanganato de potasio, un precursor químico clave necesario en la manufactura de cocaína.

De acuerdo con un documento firmado por el jefe de la DEA Donnie R. Marshall el 3 de agosto de 2001, las naves se dirigían a Medellín (Colombia) a nombre de una empresa llamada GMP Productos Químicos. Las 50 toneladas del precursor químico destinadas a GMP eran suficientes para fabricar 500 toneladas de hidroclorato de cocaína, con un valor en la calle de 15.000 millones de dólares. Según el reporte de la DEA, el dueño de GMP Productos Químicos era Pedro Juan Moreno Villa, el jefe de campaña y ex Secretario de Gobierno durante el periodo de Uribe como Gobernador de Antioquia y, por mucho tiempo, mano derecha del todavía Presidente de Colombia.

Moreno fue el alter ego político de Uribe durante y después de esos nerviosos meses de 1997 y 1998, cuando esperaba los envíos de contrabando. Cuando Uribe fue gobernador del estado de Antioquia -cuya capital es Medellín- de 1995 a 1997, Moreno era el Secretario de Gobierno. Según el entonces jefe de la DEA Marshall, "entre 1994 y 1998, GMP fue el más grande importador de permanganato de potasio en Colombia".

Recordemos que el primer cargo público del entonces joven licenciado en Derecho Álvaro Uribe, fue el de Director de la Agencia de Aeronáutica Civil de Colombia entre 1980 y 1982. La ex amante de Pablo Escobar y presentadora de televisión Virginia Vallejo, en su libro "Amando a Pablo, Odiando a Escobar" da nuevos datos de la relación entre Uribe y Pablo Escobar: según la periodista actualmente exiliada en los Estados Unidos, Uribe fue clave como Director de la Aeronáutica Civil para el otorgamiento de licencias masivas de vuelo al Cartel de Medellín, sin las cuales jamás habrían podido hacer sus inmensos envíos de la droga a los Estados Unidos ni acumulado sus inmensas fortunas. En una entrevista explica por qué el primo de Escobar, José Obdulio Gaviria, es actualmente el asesor presidencial de Uribe. Uribe tuvo a César Villegas como su delegado cuando fue Director de la Aerocivil. Éste último fue sentenciado a 5 años de prisión por nexos con el Cartel de Cali y asesinado para callar su testimonio. (Diario "El Tiempo" de Colombia, 17/03/2002)

Esta querencia de Uribe en materia aeronáutica quedó también de manifiesto cuando la policía y el ejército colombiano desactivaron el mayor laboratorio de transformación de cocaína encontrado hasta la fecha en Colombia, en el remoto paraje denominado eufemísticamente "Tranquilandia" (Operación Yarí). El 11 de marzo de 1983, la fuerza publica irrumpió en el laboratorio del conocido narco Gonzalo Rodríguez Gacha "El Mexicano" y entre otras evidencias intervino un helicóptero Hughes 500, matricula HK 2704 X, propiedad de Aerofotos Amortegui Ltda., empresa propiedad de la familia Uribe. Al respecto Álvaro Uribe alega que ese helicóptero había sido previamente vendido y que se le olvidó documentar dicha compraventa.

Álvaro Uribe ha demostrado tanto "empaque" que hasta tiene una "ficha", la número 82, en la "Agencia de Inteligencia de la Defensa" de los Estados Unidos. Veamos qué dice la indicada ficha de inteligencia (puede consultarse el original en http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB131/index.htm:)

"Confidencial. Septiembre 1991.

Informe clasificado Confidencial. Departamento de Defensa de EE.UU. (DIA. Defense Intelligence Agency).

La información contenida en este informe hace referencia a fichas/archivos de los mas importantes narco-terroristas colombianos contratados por los Carteles de la droga colombianos para tareas de seguridad, transporte, distribución, recogida y puesta en practica de operaciones de drogas en ambos países, Estados Unidos y Colombia. Estos individuos son además contratados por los jefes de los Carteles como "ejecutores" para cometer asesinatos (…)

82. Álvaro Uribe Vélez. Político colombiano y senador dedicado a colaborar con el Cartel de Medellín a altos niveles gubernamentales. Uribe ha sido vinculado a negocios relacionados con drogas en Estados Unidos. Su padre fue asesinado en Colombia debido a sus conexiones con los traficantes de drogas. Uribe ha trabajado para el Cartel de Medellín y es amigo personal cercano de Pablo Escobar Gaviria. Él (Uribe) ha participado en la campaña política de Escobar para ganar el puesto de parlamentario suplente de Jorge Ortega. Uribe ha sido uno de los políticos que desde el Senado ha atacado todas las formas del Tratado de Extradición (de Colombia con los Estados Unidos) (…)"

Uribe ha sido señalado de participar habitualmente en el diseño y ejecución de matanzas perpetradas por los paramilitares colombianos, como el caso de la "matanza de El Aro" cometida en 1997, en la cual, según relata el periódico de Miami, "El Nuevo Herald" en su edición del 6 de agosto de 2009, el mismísimo Álvaro Uribe, planeó la matanza con los dirigentes de las AUC (Autodefensa Unidas de Colombia) y posteriormente acudió personalmente a felicitar a los paramilitares que "brillantemente" habían asesinado, con motosierras, al menos a 15 campesinos indefensos, matanza por la que la Corte Interamerica de Derechos Humanos condenó a Colombia.

El grupo paramilitar "Los doce apóstoles" habría tenido sede en la hacienda "La Carolina", en el departamento de Antioquia, cuya propiedad comparten los hermanos Uribe Vélez. El hermano del Presidente fue interrogado por la fiscalía en 1997 respecto a delitos de secuestro, extorsión y asesinato cometidos por "Los doce apóstoles" entre 1993 y 1994. El grupo paramilitar fue acusado de asesinar 50 personas, y de haber cometido una masacre de la cual fueron hallados los cuerpos de cuatro personas y otras dos permanecen desaparecidas. Por este caso existe una demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El fiscal colombiano Luís Camilo Osorio confirmó que el hermano del mandatario sí había sido objeto de una investigación oficial en 1999, pero también indicó que se había declarado "un auto inhibitorio a favor del señor Uribe Vélez y se ordenó el archivo definitivo" ese mismo año. El 4 de diciembre de 2006, en declaraciones a W Radio de Bogotá, el Presidente Uribe Vélez debió admitir que su hermano sí fue investigado por involucramiento con el paramilitarismo. (Fuente: El Nuevo Herald, Miami, 24 jun 05).

Tres parientes del Presidente colombiano, entre ellos dos primos hermanos, lideraron una banda paramilitar conocida como "Los Erre", señalada de haber asesinado a medio centenar de personas en varios municipios del departamento de Antioquia. Estos familiares fueron condenados en primera instancia y estuvieron presos cerca de un año, hasta que un juez de apelaciones los puso en libertad y archivó el caso por considerar "que no había pruebas suficientes contra los acusados". Los parientes del presidente son Carlos Alberto Vélez Ochoa, Juan Diego Vélez Ochoa y Mario Vélez Ochoa, (también son familiares del clan Ochoa, capos del narcotráfico). (Fuente: El Nuevo Herald, Miami, 24jun05).

El ex Senador colombiano Mario Uribe, primo y colaborador cercano en la presidencia de Álvaro Uribe, está acusado formalmente de narcoparamilitar por la justicia colombiana.

No es el único parlamentario de la mayoría uribista en esa situación. Más de 70 congresista y senadores de los partidos que apoyaban a Uribe en las cámaras legislativas hasta el pasado mes de marzo, se encuentran procesados por la justicia colombiana por narco-paramilitares. Casi el 50% de las cámaras legislativas.

Actualmente, 50 congresistas o ex congresistas uribistas ya cumplen condena por favorecer o pertenecer a grupos narcoparamilitares. Todos son de partidos políticos uribistas (Cambio Radical, Alas Equipo Colombia, Apertura Liberal, Partido Conservador, Partido de la U, Colombia Democrática y Convergencia Ciudadana).

Tras las elecciones legislativas de marzo de 2010, continúa habiendo procesados por narco-paramilitarismo ocupando escaños en el Congreso de la República... ¿Se imagina el lector el escándalo que supondría que el 50% de la Asamblea Nacional venezolana estuviera procesado por narco-terrorismo?

De larga data, ya en sus tiempos de gobernador de Antioquia, viene la tendencia de Uribe a actuar como "señalador oficial" de los defensores de Derechos Humanos en Colombia, convirtiéndolos en objetivos a eliminar por los narco-paramilitares.

Uno de los mas sonados "trofeos" que Uribe se cobró en esta otra actividad habitual en él, fue Jesús María Valle Jaramillo, abogado, Coordinador del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos "Héctor Abad Gómez" de Antioquia, quien fue asesinado por sicarios el 27 de febrero de 1998, cuando se encontraba en su oficina en el centro de la ciudad de Medellín. Varios días antes, el entonces Gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, había mencionado en una intervención pública a Jesús Maria Valle, señalándolo como "auxiliador de la guerrilla", a pesar de que el abogado era miembro del Partido Conservador colombiano.

Durante su mandato presidencial Uribe ha mantenido y expandido abusivamente esta tendencia suya a criminalizar a los defensores de los derechos humanos, equiparándolos a viles terroristas y situándolos sistemáticamente en el objetivo de grupos paramilitares y -según se ha confirmado a la vista del escándalo denominado "chuzadas del DAS"- convirtiendo tantos a los defensores como a sus familias en objetivos de las amenazas, seguimientos y atentados de los servicios de inteligencia presidencial, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Uribe Vélez ha puesto en marcha durante su presidencia el mayor operativo de espionaje ilegal que recuerde la sociedad colombiana. Nombró a Jorge Noguera, su director de campaña electoral en 2002, como Director del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad). Después de salvarlo de su primera detención, Uribe lo designó cónsul en Milán. Actualmente Noguera paga condena en la cárcel por concierto para delinquir por vínculos paramilitares y permitir que el DAS (la agencia de inteligencia dependiente de la Presidencia de la República) fuera puesto al servicio de los narco paramilitares ya con pruebas, recopiladas por la Fiscalía General de Colombia, que acreditan que cientos de sindicalistas, opositores a Uribe, periodistas y defensores de los derechos humanos han sido asesinados en Colombia por encargo y con medios del DAS.

Noguera fue también protagonista del reciente escándalo de las "chuzadas" telefónicas, operaciones ilegales de intervención de las comunicaciones personales y seguimiento de políticos, jueces, periodistas y defensores de los derechos humanos colombianos perpetradas por el DAS. En la Colombia de Uribe no ha existido discriminación a la hora de espiar a cualquiera de sus críticos. El Presidente los espía y amedrenta a todos por igual y sin olvidarse de nadie, sea conservador o liberal, de izquierdas o de derechas, magistrado o periodista.

La política de "Seguridad Democrática" de Álvaro Uribe ha dado lugar al escándalo conocido como "falsos positivos": el asesinato de -al menos- 2.500 civiles inocentes por la fuerza pública colombiana, bajo el mandato de Uribe como Presidente y siendo Juan Manuel Santos el Ministro de Defensa, presentados como "guerrilleros dados de baja en combate", con la única intención de cobrar las recompensas que el Estado colombiano paga por "dar de baja a guerrilleros".

Tras ser denunciado el crimen de "los falsos positivos" por una Misión Internacional de Observación sobre Derechos Humanos en Colombia en Octubre de 2007 y negado y descalificado por Uribe, tuvo que ser reconocido por el propio Presidente cuando la OEA hizo suyas las conclusiones del informe de la Misión Internacional. El relator de las Naciones Unidas para las Ejecuciones Extrajudiciales no sólo ha dado por válidas estas acusaciones, sino que, tras hablar de un plan sistemático criminal, ha exigido su esclarecimiento y castigo a los culpables.

Colombia es el país del hemisferio occidental donde mayores violaciones de los derechos humanos se cometen- cuantitativa y cualitativamente hablando- de forma sistemática y respondiendo a un plan criminal perfectamente diseñado que tiene como finalidad el despojo de la tierra a los campesinos y su apropiación por las oligarquías terratenientes en alianza con narcotraficantes y organizaciones paramilitares. De los más de 4 millones de desplazados internos ocasionados en Colombia por el conflicto armado interno, la inmensa mayoría han sido provocados para consolidar la apropiación ilegitima de tierras de los campesinos. De estos desplazamientos, al menos 2 millones se han producido durante los 8 años de mandato del Presidente Uribe.

En la actualidad las organizaciones de víctimas y de defensores de los derechos humanos en Colombia intentan preservar la que sin duda es la mayor fosa común descubierta en América Latina con cadáveres "NN". Más de 2.500, según las primeras estimaciones, en la fosa denominada de "La Macarena", que escondería victimas campesinas de ejecuciones extrajudiciales realizadas por destacamentos del ejército colombiano y organizaciones paramilitares.

No pierda de vista el lector que la "industria criminal", organizada entre otros por las autoridades colombianas durante el mandato del Presidente Uribe, llegó a utilizar -emulando la "solución final" del nazismo alemán- hornos crematorios para hacer desaparecer los cuerpos de los miles de asesinados por funcionarios del Estado y sus aliados paramilitares: tres hornos al menos han sido descubiertos hasta ahora, uno en Arauca, otro en Antioquia y uno "móvil", en Bogotá.

En mayo de 2010 el diario The Washington Post daba cuenta de la confesión del oficial de la policía nacional colombiana Juan Carlos Meneses, quien sostuvo haber participado en operaciones paramilitares del grupo denominado "Los 12 apóstoles", de los que formaba parte Santiago Uribe, hermano del Presidente.

Ante tal prontuario "presuntamente" criminal, no deja de sorprender la osadía del todavía presidente Uribe cuando amenaza a su vecino venezolano con llevarlo ante la Corte Penal Internacional. Sin cabernos duda alguna de que los presuntos hechos perpetrados por y bajo las instrucciones de Álvaro Uribe -arriba descritos- son de una gravedad sin parangón en la historia contemporánea de América Latina, tras la desaparición de las dictaduras militares del periodo 1960-1990, examinemos desde un punto de vista exclusivamente jurídico la viabilidad de la denuncia ante la CPI anunciada por Uribe.

El pasado jueves 22 de julio Venezuela anunciaba en la OEA la ruptura de relaciones diplomáticas con Colombia como reacción a la campaña de descalificaciones que contra Venezuela inició Uribe, una vez conocido quién sería su sucesor el próximo 7 de agosto. No se recuerda en los anales de la diplomacia caso similar de un presidente que empeñe su último mes de mandato en provocar con tanto ahínco un conflicto bélico con su vecino.

Tras conocerse el anuncio de Venezuela, Uribe convocó al Fiscal General de Colombia, Guillermo Mendoza, para instarle a que iniciara el proceso necesario para llevar ante la Corte Penal Internacional a altos funcionarios venezolanos, incluído el Presidente Hugo Chávez Frías. Algunos periódicos han publicado estos días que fueron los máximos jefes militares colombianos quienes, en presencia de Álvaro Uribe, entregaron al Fiscal General documentación sobre acciones de organizaciones insurgentes colombianas que habrían utilizado suelo venezolano.

El Fiscal General anunció a la prensa que el encargo recibido era: "estudiar la posibilidad de llevar ante la Corte Penal internacional a autoridades venezolanas por proteger, ayudar o auxiliar a grupos que cometen crímenes de guerra o de lesa humanidad en la zona fronteriza colombiana".

Al margen de que Colombia, incapaz de controlar más de 50 frentes de organizaciones insurgentes dentro de su territorio, exija a Venezuela una diligencia de imposible cumplimiento en fronteras selváticas o montañosas, lo cierto es que desde que se realizaron las primeras acusaciones del presidente Uribe respecto a que Venezuela albergaba bases guerrilleras colombianas en su territorio, ni una sola prueba rigurosa ha sido presentada al respecto.

Para discernir si la iniciativa del ex presidente Uribe busca realmente conseguir una condena de la CPI al Presidente Chávez, nada más y nada menos que por "crímenes de lesa humanidad y de guerra", o simplemente es la última "pataleta" política del presidente latinoamericano con la mayor carpeta abierta en la Corte de La Haya, debemos examinar lo establecido en el Estatuto de la CPI, íntegramente en vigor para Colombia y Venezuela.

La Corte Penal Internacional únicamente es competente para conocer denuncias penales contra personas individualizadas -no contra Estados o gobiernos- y con carácter complementario con las jurisdicciones penales de los países donde hayan ocurrido los hechos. así se establece en el artículo 1 del Estatuto de la CPI:

"(…) La Corte (…) estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto y tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales.

Los "crímenes mas graves de trascendencia internacional" sobre los cuales tendría competencia la Corte, se indican en el articulo 5 del Estatuto y son:

"(…) a) El crimen de genocidio; b) Los crímenes de lesa humanidad; c) Los crímenes de guerra; (…)".

Conforme a lo anterior, la iniciativa del ex Presidente Uribe, en caso de llegar a concretarse mediante la interposición de una acción penal contra funcionarios venezolanos ante el Fiscal de la Corte Penal Internacional conforme a lo establecido en los artículos 13:

"Ejercicio de la competencia

La Corte podrá ejercer su competencia respecto de cualquiera de los crímenes a que se refiere el artículo 5 de conformidad con las disposiciones del presente Estatuto si:

a) Un Estado Parte remite al Fiscal, de conformidad con el artículo 14, una situación en que parezca haberse cometido uno o varios de esos crímenes; (…)"

y 14 del estatuto:

"Remisión de una situación por un Estado Parte

1. Todo Estado Parte podrá remitir al Fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios crímenes de la competencia de la Corte y pedir al Fiscal que investigue la situación a los fines de determinar si se ha de acusar de la comisión de tales crímenes a una o varias personas determinadas."

necesariamente debería fundamentar racionalmente, al menos indiciariamente, que funcionarios venezolanos auxiliaron a las FARC de forma continuada y sistemática, que por ello pudieron cometer un crimen de lesa humanidad, y que el asunto nunca ha sido investigado por las autoridades venezolanas. Esto último, en términos jurídicos, hace referencia a la denominada "concurrencia de jurisdicciones" -entre la de la C.P.I. y las nacionales del país donde hayan ocurrido los hechos- supuesto en el que como establece el artículo 1º del estatuto, la jurisdicción de la C.P.I. "tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales"

El artículo 15 del Estatuto de Roma regula el procedimiento que deberá seguir el Fiscal y la Sala de Cuestiones Preliminares del Tribunal, una vez recibida la información remitida por el Estado Parte, para iniciar una investigación respecto a los hechos denunciados, siendo imprescindible que el Fiscal analice "la veracidad de la información recibida." (art 15.2)

A la vista de lo anterior, no cabe duda alguna de que los Estados Parte en el Convenio de Roma de constitución de la C.P.I. -como es Colombia- pueden remitir información -equivalente a una denuncia- al Fiscal del Tribunal para que éste y la Sala de Cuestiones Preliminares del Tribunal estudien si la misma amerita el inicio de un procedimiento judicial ante esta Corte o en su caso el inicio de una investigación preliminar, siempre y cuando dicha denuncia tuviera un mínimo de veracidad a juicio del Fiscal de la C.P.I., lo que en el contexto que analizamos y a la vista de las pruebas -escasas e inconcretas- aportadas por el gobierno colombiano, no parece que sea el caso.

En todo caso, el procedimiento podria ser puesto en marcha por Colombia mediante presentacion de denuncia ante el Fiscal de la Corte Penal Internacional, quien en virtud del articulo 18 del estatuto, si hubiera "determinado que existen fundamentos razonables para comenzar una investigación, (…) lo notificará a todos los Estados Partes y a aquellos Estados que, teniendo en cuenta la información disponible, ejercerían normalmente la jurisdicción sobre los crímenes de que se trate"

De forma que el Estado notificado -en este hipotetico caso Venezuela- podrá informar a la Corte de que está llevando o ha llevado a cabo una investigación en relación con sus nacionales u otras personas bajo su jurisdicción respecto a actos criminales que puedan constituir crímenes contemplados en el artículo 5 y a los que se refiera la información proporcionada en la notificación a los Estados.

"A petición de dicho Estado, el Fiscal se inhibirá de su competencia en favor del Estado en relación con la investigación sobre las personas antes mencionadas, a menos que la Sala de Cuestiones Preliminares decida, a petición del Fiscal, autorizar la investigación.

Es decir, antes de iniciarse cualquier investigación o al menos simultáneamente al inicio, el Fiscal de la Corte Penal debería dirigirse a Venezuela para comunicarle la interposición de dicha denuncia y esperar una contestación de Venezuela, siendo posible que la contestación de Venezuela sea precisamente la más evidente: que todo lo relativo a la presencia de la insurgencia colombiana en su terrilorio es algo que las autoridades y la justicia de Venezuela investigan y persiguen desde, al menos, el inicio del mandato del actual Presidente venezolano, en cuyo caso la Fiscalía de la C.P.I. debería inhibirse a favor de la justicia venezolana.

En este supuesto analizado, parece evidente que la denuncia con la que ha amenazado el ex presidente Uribe, tendría poco recorrido jurídico.

Entrando aunque sea brevemente en un somero analisis juridico sobre si los hechos imputados por Uribe a las autoridades venezolanas -la actuación de la insurgencia colombiana en territorio venezolano- podrían ser considerados crímenes de lesa humanidad (art. 7 del Estatuto):

"(...) se entenderá por "crimen de lesa humanidad" cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:

a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; f) Tortura; g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte; i) Desaparición forzada de personas; j) El crimen de apartheid; k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.",

o crimenes de guerra (art. 8 del Estatuto), es decir, violaciones de las Convenciones de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adiccionales, lo primero que resulta destacable para cualquier observador es que los hechos criminales incluidos en la definición del tipo penal "crimen de lesa humanidad" antes indicado presentan bastante coincidencia con las sistemáticas violaciones de los derechos humanos que ocurren en Colombia de forma habitual, violaciones imputadas mayoritariamente -por organismos internacionales, observatorios y organismos de derechos humanos- a las autoridades colombianas y sus agentes. Nunca ningún organismo internacional o de derechos humanos mínimamente prestigioso ha relatado crimenes con apariencia de lesa humanidad ocurridos en Venezuela.

Para nadie es un secreto que en Colombia existe un conflicto armado encardinable en los parámetros legales establecidos en las Convenciones de Ginebra de 1949 y respecto al cual las partes implicadas tiene la obligación de reconocer y aplicar las previsiones legales contenidas en las mencionadas cuatro Convenciones de Ginebra así como en los dos Protocolos Adicionales de 1977.

Al respecto, establece el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las victimas de los conflictos armados sin carácter internacional:

"TITULO I: AMBITO DEL PRESENTE PROTOCOLO

ARTICULO I Ambito de aplicación material.

1. El presente Protocolo, que desarrolla y completa el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, sin modificar sus actuales condiciones de aplicación, se aplicará a todos los conflictos armados que no estén cubiertos por el artículo I del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I ) y que se desarrollen en el territorio de una Alta Parte Contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo.

2. El presente Protocolo no se aplicará a las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia y otros actos análogos, que no son conflictos armados".

Es una evidencia que dicho conflicto armado -que de una forma u otra ha venido manifestándose de forma ininterrumpida en el país desde finales del siglo XIX hasta nuestros días, ya sea mediante la forma de guerras civiles o de guerra del Estado contra fuerzas irregulares- es de enorme complejidad a la vista de los numerosos actores armados implicados - diversas organizaciones armadas ilegales como las FARC y el ELN, fuerzas del Estado, ejércitos paramilitares diversos- existiendo en la actualidad al menos dos bandos enfrentados: el Estado colombiano, con la evidente connivencia de los ejércitos ilegales paramilitares correspondientes a organizaciones incluidas en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea, como es el caso de las AUC y las AUCC; y organizaciones armadas insurgentes de carácter ilegal, también incluidas en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea, como es el caso de las FARC y el ELN.

En lo referido al objeto del analisis que nos ocupa - la posible comisión de delitos de lesa humanidad por la insurgencia colombiana y la hipotética responsabilidad en los mismos de autoridades venezolanas- es conveniente recordar que la aparición de las FARC en el escenario colombiano se remonta a los años 60, cuando los restos de las antiguas guerrillas liberales campesinas se organizan como fuerzas de autodefensa para hacer frente a los escuadrones de la muerte, "los pájaros", puestos en marcha por los terratenientes conservadores para exterminar a los dirigentes sociales campesinos simpatizantes del partido liberal.

Las FARC-EP inician sus actividades armadas, de manera ininterrumpida desde el 27 de mayo de 1964, iniciada por 48 campesinos - 46 hombres y 2 mujeres -, en Marquetalia (Tolima), ante lo que consideraban una agresión del Estado y de los grandes propietarios latifundistas. Las FARC-EP manifiestan en ese momento que:

"están ejerciendo los legítimos derechos de rebelión y autodeterminación de los pueblos, luchan por la construcción de una nueva Colombia, sin explotados ni explotadores, en paz, con dignidad y soberanía y por los derechos fundamentales de la mayoría de los colombianos."

En el posterior devenir histórico, las FARC-EP se han desarrollado y expandido por toda Colombia, consolidándose como una organización ilegal armada con mas de 60 "frentes" que tiene presencia en toda la geografía nacional, por lo que pareciera se dan las premisas previstas en el antes citado articulo I del Protocolo II de 1977 para la aplicación al conflicto colombiano de las previsiones previstas en las Convenciones de Ginebra de 1949.

Las fuerzas beligerantes en el conflicto colombiano -FARC incluidas- sin duda han incurrido e incurren en numerosas violaciones del Derecho Internacional Humanitario contenido en las 4 Convenciones de Ginebra, provocando con ello numerosas víctimas entre la población civil. Para los organismos de derechos humanos colombianos más reputados, la responsabilidad de las violaciones graves del D.I.H. ocurridas en Colombia en 2007 se reparten de la siguiente forma, según el Informe "Noche y Niebla" del CINEP, organismo de derechos humanos colombiano dependiente de la Compañía de Jesús: del total de 1.670 violaciones del D.I.H. reportadas en 2007, 858 se imputan a organismos oficiales dependientes del Estado colombiano (fuerzas armadas y cuerpos policiales), 5 a agentes extranjeros, 39 a combatientes sin identificar, 580 a paramilitares, 8 al ELN, 176 a las FARC y 4 a "guerrilla" sin especificar.

La situación de los derechos humanos en Colombia es sumamente grave. Éstos son vulnerados sistemáticamente por todas las partes en conflicto, a la vez que incumplen sistemáticamente el D.I.H., no resultando un hecho objetivo ni verificable, por carente de sustento probatorio alguno, la afirmación de las autoridades colombianas de que las FARC o el ELN cometen sistemáticos crímenes de lesa humanidad o de guerra.

De los datos anteriores, se verifica que con mucho el mayor violador del D.I.H. en Colombia es el propio Estado, seguido de organizaciones paramilitares de extrema derecha y seguido por las FARC y el ELN. Desgraciadamente, todos los actores del conflicto colombiano -empezando por el propio Estado- vienen utilizando métodos terroristas contrarios al derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.

En sustento de nuestra anterior afirmación, se referencian los siguientes documentos de organismos internacionales: el informe anual de Amnistía Internacional 2008, relata claros indicios de que los grupos paramilitares tradicionales siguen operando en la actualidad en muchas partes de Colombia con nombres nuevos, como los «Águilas Negras», manteniéndose los informes que señalan la connivencia entre paramilitares y fuerzas de seguridad. El Departamento de Estado de EE.UU., a pesar de su apoyo incondicional al Presidente colombiano Álvaro Uribe al que pretende exculpar de su responsabilidad, señala en la sección 1, apartado a) de su informe anual fechado el 11 de marzo de 2008 las evidentes conexiones entre los paramilitares y la fuerza pública, así como el mantenimiento de elevados grados de impunidad.

El grado de esta vinculación entre los grupos paramilitares y el Estado colombiano lo muestra el escándalo de la parapolítica, reflejado en el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, de 28 de febrero de 2008:

La Corte Suprema de Justicia inició investigaciones por presuntos nexos con grupos paramilitares contra 45 Congresistas de 16 departamentos, de los cuales 18 están en prisión. También se iniciaron investigaciones contra cuatro ex Gobernadores y 18 ex Alcaldes. En noviembre, la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 18 años al ex director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por haber colaborado con grupos paramilitares y por actos de corrupción. Todas estas investigaciones han revelado el alto grado de infiltración paramilitar en el Estado a través de alianzas con políticos y con el sostén de algunas empresas privadas. La Corte Suprema ha dado claras muestras de fortaleza e independencia, lo cual refuerza la posibilidad de continuar revelando otros vínculos de paramilitares con miembros de instituciones públicas y privadas.

Las consecuencias de este tipo de vínculos pudieron ser constatadas por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, de la Organización de los Estados Americanos, en su octavo informe trimestral publicado en febrero de 2008, al identificar 22 nuevas estructuras compuestas por aproximadamente 3.000 integrantes; en el periodo de 12 meses concluido en junio de 2007, al menos 230 homicidios de civiles se atribuyeron a los paramilitares, ya fuera actuando por su cuenta o en connivencia con fuerzas de seguridad.

En el mismo informe de la OEA se destaca cómo la impunidad sigue siendo la norma en la mayoría de los casos de abusos contra los derechos humanos. Aunque se registraron algunos progresos en varios casos emblemáticos, en otros muchos no hubo avance alguno en la determinación de responsabilidades en la cadena de mando.

En el mismo sentido, según el informe 2007 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pese a la desmovilización de las AUC persiste la violencia derivada del conflicto armado. La CIDH continúa recibiendo denuncias que indican que grupos armados al margen de la ley (paramilitares y guerrilla) y miembros de la fuerza pública continúan involucrados en la comisión de crímenes, violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario contra la población civil que se traducen en violaciones del derecho a la vida, la integridad personal y la libertad:

El "Observatorio de derechos humanos y del derecho internacional humanitario" de la Vicepresidencia de la República (conforme a su metodología) señala que los primeros nueve meses de 2007 se habrían producido 13.023 homicidios. Asimismo, indica que durante el mismo período se habrían producido 21 casos de masacre con 98 víctimas. Por su parte, el CINEP (siguiendo su propia metodología de compilación y presentación de cifras) indica que en el primer semestre de 2007 se habrían producido 243 ejecuciones extrajudiciales; 231 homicidios intencionales de personas protegidas y 31 desapariciones forzadas. La CIDH estima pertinente citar en su informe a ambas fuentes a pesar de las amplias discrepancias metodológicas entre ellas, a fin de dar cuenta del panorama presentado tanto por fuentes oficiales como de la sociedad civil, como es su práctica consistente.

Igualmente, durante 2007 la CIDH constató el alto número de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la Fuerza Pública, tal y como ya hemos relatado en este artículo, destacando ahora lo que nos interesa: "los más de 2.500 casos constatados muestran lo que se denomina en Derecho Internacional como ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, acciones que, aunque se presentan en diferentes modalidades, corresponden a patrones comunes de actuación diseñados y realizados, al menos, por las autoridades civiles del Ministerio de defensa y los funcionarios militares del Ejercito Nacional de Colombia, practica que se ha mantenido en el tiempo y se ha producido en un gran número de departamentos de Colombia".

Podemos concluir que aun en el improbable supuesto de que Colombia llegue a interponer la denuncia anunciada por Uribe Vélez y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional llegara a admitir la misma para sus estudio, difícilmente puede afirmarse que los crímenes de lesa humanidad o de guerra perpetrados en el conflicto interno colombiano son responsabilidad de las organizaciones insurgentes, y ello a la vista de las innumerables pruebas -asumidas como propias por organismos internacionales multilaterales y de derechos humanos- que ponen de manifiesto que son las autoridades colombianas -en especial en el período 2002 al 2010- las mayores responsables de estos crímenes.

No se pierda de vista en el análisis de la realidad colombiana la "hoja de vida" arriba relatada del presidente Uribe y sus más que probables nexos con las mafias del narcotráfico y el paramilitarismo. Por menos, el ex presidente peruano Alberto Fujimori fue condenado por un tribunal de su país por delitos de lesa humanidad. Todo indica que la carpeta caratulada con el nombre de Álvaro Uribe ya existe en la Fiscalia de la Corte Penal Internacional, y su grosor es sustancialmente mayor que cualquiera otra relativa a América Latina.

(*) Enrique Santiago Romero es abogado, experto en Derecho Internacional. Responsable de los servicios jurídicos del Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (IEPALA)

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Uribe habla de victoria ante fosa común con 2.000 cadáveres



Entrevista a Jairo Ramírez, miembro del Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos


¿Cuál es su apreciación por las declaraciones del presidente de Colombia, Álvaro Uribe?, desde La Macarena.

Lo primero que tenemos que decir es que esas declaraciones del presidente Uribe, advierten una actitud defensiva, una situación de pánico, frente a un hecho que es evidente que es muy grave y está conmocionando no solamente a la comunidad internacional, sino a la opinión pública nacional. El hecho que ha ocurrido en La Macarena, es de lo más grave que ha ocurrido en medio de esta crisis humanitaria que vive Colombia en los últimos años.

Decir que allí estuvieron los enemigos de la seguridad democrática y que son los voceros del terrorismo, es una situación por los menos temeraria y que somete a una situación de riesgo a las organizaciones de Derechos Humanos que estuvimos ahí, a los familiares de las víctimas, a la senadora Gloria Ramírez; al representante Iván Cepeda, a la senadora Piedad Córdoba; a 52 organizaciones sociales que acompañaron la audiencia; a 900 campesinos victimizados en la región, y a 27 personalidades internacionales, que hicieron presencia, entre parlamentarios de la Unión Europea, parlamentos nacionales de países europeos y de organizaciones sindicales de Europa.

Este es un nuevo frente, una nueva situación que pone en el blanco y además en situación de riesgo a las personas que acompañaron esta audiencia.

¿De qué se trata la presentación que harán ante el Congreso el próximo martes?

De lo que se trata es informarle al Congreso de la República el contenido de los testimonios que se recibieron de los familiares de las personas que están desaparecidas y posiblemente se encuentren en esa fosa. Documentos, el acta de la audiencia y los pormenores de este evento que buscaba, no solamente sensibilizar a la opinión sobre la gravedad de este hecho, sino pedirles a las autoridades una investigación de lo que ocurrió ahí, que exhumen ese cementerio clandestinos de ENNES y que procedan a identificar los restos que allí se encuentran y luego entregarles esos restos a los familiares correspondientes.

Las fuerzas policiales que cuentan con dinero del Plan Colombia ¿lo usan de esta manera, hay pruebas evidencias de esto?

Si claro, precisamente eso es lo que ha generado estupor en distintos sectores, que es con el dinero del Plan Colombia (que entrega Estados Unidos al Gobierno colombiano) que es con las armas de la nación, que es con la fuerza pública institucional que se han cometido estos crímenes, por eso nosotros decimos que debe haber investigación a fondo para que salgan a flote los nombres de los responsables para que la justicia opere y proceda a las sanciones correspondientes.

¿A qué llamara la victoria final el presidente Uribe, cómo puede haber victoria cuando hay más de dos mil cadáveres en una fosa? Cadáveres sin identificar y familiares esperando a conocer lo que sucede con esta fosa La Macarena.

Es muy lamentable que se hable de una victoria final a partir de combates ficticios y de falsos positivos, es decir, a partir de combates contra personas desarmadas, indefensas que hacen parte de la población.

El gobierno pretende ganar una guerra sobre la base del engaño, mientras el conflicto en las distintas regiones del país crecen, titulares de prensa todos los días reseñan combates entre el Ejercito y las guerrillas, mientras los analistas e investigadores están dando cuenta de que hay una reactivación de las fuerzas insurgentes en el país y que el llamado fin del fin, que ha anunciado el Gobierno (en relación con la confrontación) cada vez se escabulle, es más esquivo a las pretensiones del Gobierno entonces estamos hablando de una victoria en una guerra en la cual quienes más pierden la vida son colombianos inocentes.
--
Outra Colômbia é possível...!!
-----------------------------------------------
Esta mensagem é enviada pelo Comitê de Solidariedade ao Povo Colombiano

Colômbia: o cemitério que faz perguntas


Os cemitérios clandestinos e fossas comuns conhecidos até agora foram obra dos paramilitares, que o presidente direitista Álvaro Uribe desmobilizou parcialmente. Suas confissões em troca de vantagens jurídicas permitiram ao Ministério Público recuperar 3.299 corpos dos, pelo menos, 25.000 desaparecidos no país. A descoberta de uma vala comum gigante no município de La Macarena segue sob investigação. Em um pedaço da vala, há centenas de tabuletas numeradas: 054/09 é o morto número 54 enterrado em 2009. Nada mais do que isso. Os anos vão de 2004 até 2010. De quem são esses corpos?

La Macarena, Colômbia (IPS) – A tentativa mais séria dos paramilitares de entrar neste município do centro da Colômbia foi um fracasso. Fizeram isso em 2003 protegidos pela polícia, mas os moradores, armados com paus e escopetas, os prenderam e entregaram para a Procuradoria Geral da Nação, que os encarcerou. Os combatentes de ultra-direita roubavam à saída dos bares de La Macarena, onde, previamente, a polícia havia confiscado os clientes, assinalando a seus sócios aqueles que portavam alguma riqueza. Estes clientes eram mortos pelos paramilitares e tinham seus corpos lançados no rio Guayabero.

O fato de o paramilitarismo não ter conseguido apoio neste município localizado ao sul da serra que carrega o mesmo nome, legendária por sua megabiodiversidade, dá um significado diferenciado à descoberta de uma vala comum em duas faixas em forma de L que somam cerca de 10 mil metros quadrados, numa área próxima a do cemitério do povoado. O terreno faz fronteira com a base local das brigadas móveis da chamada Força de Deslocamento Rápido (Fudra), que recebe cooperação estadunidense e combate a guerrilha de esquerda.

A Procuradoria Geral da Nação descreveu o achado como um “cemitério de pessoas não identificadas”. “Cemitério clandestino” preferem chamá-lo os parlamentares de esquerda Gloria Ramírez e Ivan Cepeda, este porta-voz do Movimento de Vítimas de Crimes de Estado.

O braço mais curto do “L” é uma fossa comum, segundo peritos estatais e outras testemunhas que hoje já não se atrevem mais a falar. Está localizada atrás de umas abóbadas baixas no lado esquerdo do cemitério. Parece que ninguém se aventura por ali, ninguém investiga, dizem que está minada e que não há nada de especial ali. Em troca, chama atenção a faixa mais larga, de aproximadamente 6.500 metros quadrados, por onde se chega a partir de um caminho reto deste a entrada do cemitério. A Procuradoria fechou o local no dia 21 de julho, quando um qualificado grupo de especialistas forenses passaram a trabalhar no setor. Ali há centenas de tabuletas numeradas: 054/09 é o morto número 54 enterrado em 2009. Nada mais do que isso. Os anos vão de 2004 até 2010.

Os cemitérios clandestinos e fossas comuns conhecidos até agora foram obra dos paramilitares, que o presidente direitista Álvaro Uribe desmobilizou parcialmente. Suas confissões em troca de vantagens jurídicas permitiram ao Ministério Público recuperar 3.299 corpos dos, pelo menos, 25.000 desaparecidos no país. Soube-se da existência do anexo do cemitério de La Macarena há um ano, por meio de um artigo publicado no semanário regional Llano 7 Días, do jornal El Tiempo, de Bogotá. De 2002 até julho de 2009, reconheciam então as autoridades, o exército havia enterrado ali 564 cadáveres, todos eles reportados como guerrilheiros mortos em combate. Cerca de 71% dos corpos permanecia sem identificação.

Tudo começou pela água

Os habitantes do bairro Colinas, a uns 200 metros do cemitério, notaram em junho de 2008 que a água saía com mau cheiro e com sabores putrefatos dos poços profundos de onde ela é extraída no verão. Ao examinar o motivo, a população descobriu que o desagradável assunto vinha do cemitério. “Esses foram os primeiros indícios”, disse a IPS o advogado penalista Ramiro Orjuela, com vínculos familiares e profissionais na região. Desde 2004, “helicópteros traziam para cá corpos e mais corpos, abriam uma vala com uma retroescavadeira e atiravam esses corpos ali. O povo aqui de La Macarena sabe disso”, acrescentou.

Isso não era uma surpresa para os macarenenses. Ao fim e ao cabo, La Macarena vê a guerra passar desde 1950, 14 anos do surgimento das insurgentes Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC). O município integrou a zona desmilitarizada onde o governo de Andrés Pastrana (1998-2002) manteve um diálogo de três anos com a guerrilha (diálogo que acabou fracassando no final). Após essa tentativa, o exército retomou os 42 mil quilômetros quadrados do santuário, incluídos os 11.229 que envolvem La Macarena. Desde então, todos os dias os habitantes viam chegar ao cemitério os corpos de supostos guerrilheiros. Os cadáveres eram amontoados em sacos pretos. E, logo em seguida, as fossas eram escavadas. Todo mundo sabia disso.

Assim, o caso da água não foi levantado com uma segunda intenção: “Não acreditavam que se tratava de algo grave, mas sim de uma coisa normal. E resultou que era grave, sim”, observou o advogado. Os militares disseram a Llano 7 Días que não temiam uma investigação. A Polícia teria feito um levantamento legal sobre cada corpo, identificando a arma que portava e a roupa camuflada que vestia, procedimento, garantiram os militares, que teve o aval da Procuradoria. Mas nesta região, na prática, a justiça penal militar tornou-se civil. Os promotores, segundo uma fonte da Igreja Católica, seriam militares da reserva ou em vias de se aposentar que hoje atuam sob as ordens do comandante militar, um equivalente da Polícia, efeito do programa piloto cívico-militar denominado Plano de Consolidação Integral de La Macarena, emitido em 2004.

Orjuela não atribui responsabilidades nem adianta acusação alguma. Só pede que as autoridades investiguem. “Não temos nenhum outro meio de prova que não aquilo que nos diz a comunidade”, disse a IPS. “Eles contam para alguém, mas depois não confirmam o depoimento porque têm medo”, assinalou. Assim que Orjuela e um grupo defensor dos direitos humanos enviaram petições ao Ministério Público e à Procuradoria, esta última fez uma inspeção no local e produziu um informe que permanece oculto ao público.

Baseada neste informe, a Direção Nacional de Investigações Especiais da Procuradoria respondeu em fevereiro que seu objetivo era “alcançar a plena identidade dos aproximadamente 2.000 corpos”, para o que esperava criar “um laboratório especializado de identificação” em La Macarena, junto com outras instituições. O Ministério Público, em troca, não respondeu por escrito. Em meados de julho deste ano relatou a Orjuela e a senadora Ramírez, organizadora de uma audiência pública do Senado em La Macarena no dia 22 de agosto, que até esse momento havia “detectado” 449 corpos. Também confirmou que “em 100% dos casos esses corpos tinham sido trazidos pelo exército. Todos. Não há um único que não”, segundo Orjuela.

Em meio a fortes xingamentos dirigidos contra os organizadores da audiência pública, o governo de Uribe insiste que todos são guerrilheiros mortos em combate e levados para lá. Orjuela adverte: “Isso é possível. Mas não todos”. É que 449 guerrilheiros equivalem a três ou quatro frentes das FARC. Como a guerrilha permanece atuante na região, “então quem são esses 400 e tantos mortos?”, pergunta.

O jesuíta Banco de Dados sobre Direitos Humanos e Violência Política tem testemunhos sobre 79 civis desaparecidos em La Macarena e municípios vizinhos. Há 25 casos documentados sobre supostas execuções extrajudiciais cometidas pelo Exército. Por enquanto, o Ministério Público identificou cinco civis reportados como desaparecidos e que já foram devolvidos às duas famílias. Há outros 37 corpos em processo de identificação. Os demais permanecem perguntando.


--
Outra Colômbia é possível...!!
-----------------------------------------------
Esta mensagem é enviada pelo Comitê de Solidariedade ao Povo Colombiano
Porto Alegre - RS, Brasil
-------------------------------------------------

Por que Zurdo?

O nome do blog foi inspirado no filme Zurdo de Carlos Salcés, uma película mexicana extraordinária.


Zurdo em espanhol que dizer: esquerda, mão esquerda.
E este blog significa uma postura alternativa as oficiais, as institucionais. Aqui postaremos diversos assuntos como política, cultura, história, filosofia, humor... relacionadas a realidades sem tergiversações como é costume na mídia tradicional.
Teremos uma postura radical diante dos fatos procurando estimular o pensamento crítico. Além da opinião, elabora-se a realidade desvendando os verdadeiros interesses que estão em disputa na sociedade.

Vos abraço com todo o fervor revolucionário

Raoul José Pinto



ZZ - ESTUDAR SEMPRE

  • A Condição Pós-Moderna - DAVID HARVEY
  • A Condição Pós-Moderna - Jean-François Lyotard
  • A era do capital - HOBSBAWM, E. J
  • Antonio Gramsci – vida e obra de um comunista revolucionário
  • Apuntes Criticos A La Economia Politica - Ernesto Che Guevara
  • As armas de ontem, por Max Marambio,
  • BOLÍVIA jakaskiwa - Mariléia M. Leal Caruso e Raimundo C. Caruso
  • Cultura de Consumo e Pós-Modernismo - Mike Featherstone
  • Dissidentes ou mercenários? Objetivo: liquidar a Revolução Cubana - Hernando Calvo Ospina e Katlijn Declercq
  • Ensaios sobre consciência e emancipação - Mauro Iasi
  • Esquerdas e Esquerdismo - Da Primeira Internacional a Porto Alegre - Octavio Rodríguez Araujo
  • Fenomenologia do Espírito. Autor:. Georg Wilhelm Friedrich Hegel
  • Fidel Castro: biografia a duas vozes - Ignacio Ramonet
  • Haciendo posible lo imposible — La Izquierda en el umbral del siglo XXI - Marta Harnecker
  • Hegemonias e Emancipações no século XXI - Emir Sader Ana Esther Ceceña Jaime Caycedo Jaime Estay Berenice Ramírez Armando Bartra Raúl Ornelas José María Gómez Edgardo Lande
  • HISTÓRIA COMO HISTÓRIA DA LIBERDADE - Benedetto Croce
  • Individualismo e Cultura - Gilberto Velho
  • Lênin e a Revolução, por Jean Salem
  • O Anti-Édipo — Capitalismo e Esquizofrenia Gilles Deleuze Félix Guattari
  • O Demônio da Teoria: Literatura e Senso Comum - Antoine Compagnon
  • O Marxismo de Che e o Socialismo no Século XXI - Carlos Tablada
  • O MST e a Constituição. Um sujeito histórico na luta pela reforma agrária no Brasil - Delze dos Santos Laureano
  • Os 10 Dias Que Abalaram o Mundo - JOHN REED
  • Para Ler O Pato Donald - Ariel Dorfman - Armand Mattelart.
  • Pós-Modernismo - A Lógica Cultural do Capitalismo Tardio - Frederic Jameson
  • Questões territoriais na América Latina - Amalia Inés Geraiges de Lemos, Mónica Arroyo e María Laura Silveira
  • Simulacro e Poder - uma análise da mídia, de Marilena Chauí (Editora Perseu Abramo, 142 páginas)
  • Soberania e autodeterminação – a luta na ONU. Discursos históricos - Che, Allende, Arafat e Chávez
  • Um homem, um povo - Marta Harnecker

zz - Estudar Sempre/CLÁSSICOS DA HISTÓRIA, FILOSOFIA E ECONOMIA POLÍTICA

  • A Doença Infantil do Esquerdismo no Comunismo - Lênin
  • A História me absolverá - Fidel Castro Ruz
  • A ideologia alemã - Karl Marx e Friedrich Engels
  • A República 'Comunista' Cristã dos Guaranis (1610-1768) - Clóvis Lugon
  • A Revolução antes da Revolução. As guerras camponesas na Alemanha. Revolução e contra-revolução na Alemanha - Friedrich Engels
  • A Revolução antes da Revolução. As lutas de classes na França - de 1848 a 1850. O 18 Brumário de Luis Bonaparte. A Guerra Civil na França - Karl Marx
  • A Revolução Burguesa no Brasil - Florestan Fernandes
  • A Revolução Proletária e o Renegado Kautsky - Lênin
  • A sagrada família - Karl Marx e Friedrich Engels
  • Antígona, de Sófocles
  • As tarefas revolucionárias da juventude - Lenin, Fidel e Frei Betto
  • As três fontes - V. I. Lenin
  • CASA-GRANDE & senzala - Gilberto Freyre
  • Crítica Eurocomunismo - Ernest Mandel
  • Dialética do Concreto - KOSIK, Karel
  • Do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico - Friedrich Engels
  • Do sonho às coisas - José Carlos Mariátegui
  • Ensaios Sobre a Revolução Chilena - Manuel Castells, Ruy Mauro Marini e/ou Carlos altamiro
  • Estratégia Operária e Neocapitalismo - André Gorz
  • Eurocomunismo e Estado - Santiago Carrillo
  • Fenomenologia da Percepção - MERLEAU-PONTY, Maurice
  • História do socialismo e das lutas sociais - Max Beer
  • Manifesto do Partido Comunista - Karl Marx e Friedrich Engels
  • MANUAL DE ESTRATÉGIA SUBVERSIVA - Vo Nguyen Giap
  • MANUAL DE MARXISMO-LENINISMO - OTTO KUUSINEN
  • Manuscritos econômico filosóficos - MARX, Karl
  • Mensagem do Comitê Central à Liga dosComunistas - Karl Marx e Friedrich Engels
  • Minima Moralia - Theodor Wiesengrund Adorno
  • O Ano I da Revolução Russa - Victor Serge
  • O Caminho do Poder - Karl Kautsky
  • O Marxismo e o Estado - Norberto Bobbio e outros
  • O Que Todo Revolucionário Deve Saber Sobre a Repressão - Victo Serge
  • Orestéia, de Ésquilo
  • Os irredutíveis - Daniel Bensaïd
  • Que Fazer? - Lênin
  • Raízes do Brasil - Sérgio Buarque de Holanda
  • Reforma ou Revolução - Rosa Luxemburgo
  • Revolução Mexicana - antecedentes, desenvolvimento, conseqüências - Rodolfo Bórquez Bustos, Rafael Alarcón Medina, Marco Antonio Basilio Loza
  • Revolução Russa - L. Trotsky
  • Sete ensaios de interpretação da realidade peruana - José Carlos Mariátegui/ Editora Expressão Popular
  • Sobre a Ditadura do Proletariado - Étienne Balibar
  • Sobre a evolução do conceito de campesinato - Eduardo Sevilla Guzmán e Manuel González de Molina

ZZ - Estudar Sempre/LITERATURA

  • 1984 - George Orwell
  • A Casa dos Espíritos, de Isabel Allende
  • A Espera dos Bárbaros - J.M. Coetzee
  • A hora da estrela - Clarice Lispector
  • A Leste do Éden - John Steinbeck,
  • A Mãe, MÁXIMO GORKI
  • A Peste - Albert Camus
  • A Revolução do Bichos - George Orwell
  • Admirável Mundo Novo - ALDOUS HUXLEY
  • Ainda é Tempo de Viver - Roger Garaud
  • Aleph - Jorge Luis Borges
  • As cartas do Pe. Antônio Veira
  • As Minhas Universidades, MÁXIMO GORKI
  • Assim foi temperado o aço - Nikolai Ostrovski
  • Cem anos de solidão - Gabriel García Márquez
  • Contos - Jack London
  • Crime e castigo, de Fiódor Dostoiévski
  • Desonra, de John Maxwell Coetzee
  • Desça Moisés ( WILLIAM FAULKNER)
  • Don Quixote de la Mancha - Miguel de Cervantes
  • Dona flor e seus dois maridos, de Jorge Amado
  • Ensaio sobre a Cegueira - José Saramago
  • Ensaio sobre a lucidez, de José Saramago
  • Fausto - JOHANN WOLFGANG GOETHE
  • Ficções - Jorge Luis Borges
  • Guerra e Paz - LEON TOLSTOI
  • Incidente em Antares, de Érico Veríssimo
  • Memórias do Cárcere - Graciliano Ramos
  • O Alienista - Machado de Assis
  • O amor nos tempos do cólera - Gabriel García Márquez
  • O Contrato de Casamento, de Honoré de Balzac
  • O Estrangeiro - Albert Camus
  • O homem revoltado - Albert Camus
  • O jogo da Amarelinha – Júlio Cortazar
  • O livro de Areia – Jorge Luis Borges
  • O mercador de Veneza, de William Shakespeare
  • O mito de Sísifo, de Albert Camus
  • O Nome da Rosa - Umberto Eco
  • O Processo - Franz Kafka
  • O Príncipe de Nicolau Maquiavel
  • O Senhor das Moscas, WILLIAM GOLDING
  • O Som e a Fúria (WILLIAM FAULKNER)
  • O ULTIMO LEITOR - PIGLIA, RICARDO
  • Oliver Twist, de Charles Dickens
  • Os Invencidos, WILLIAM FAULKNER
  • Os Miseravéis - Victor Hugo
  • Os Prêmios – Júlio Cortazar
  • OS TRABALHADORES DO MAR - Vitor Hugo
  • Por Quem os Sinos Dobram - ERNEST HEMINGWAY
  • São Bernardo - Graciliano Ramos
  • Vidas secas - Graciliano Ramos
  • VINHAS DA IRA, (JOHN STEINBECK)

ZZ - Estudar Sempre/LITERATURA GUERRILHEIRA

  • A Guerra de Guerrilhas - Comandante Che Guevara
  • A montanha é algo mais que uma imensa estepe verde - Omar Cabezas
  • Da guerrilha ao socialismo – a Revolução Cubana - Florestan Fernandes
  • EZLN – Passos de uma rebeldia - Emilio Gennari
  • Imagens da revolução – documentos políticos das organizações clandestinas de esquerda dos anos 1961-1971; Daniel Aarão Reis Filho e Jair Ferreira de Sá
  • O Diário do Che na Bolívia
  • PODER E CONTRAPODER NA AMÉRICA LATINA Autor: FLORESTAN FERNANDES
  • Rebelde – testemunho de um combatente - Fernando Vecino Alegret

ZZ- Estudar Sempre /GEOGRAFIA EM MOVIMENTO

  • Abordagens e concepções de território - Marcos Aurélio Saquet
  • Campesinato e territórios em disputa - Eliane Tomiasi Paulino, João Edmilson Fabrini (organizadores)
  • Cidade e Campo - relações e contradições entre urbano e rural - Maria Encarnação Beltrão Sposito e Arthur Magon Whitacker (orgs)
  • Cidades Médias - produção do espaço urbano e regional - Eliseu Savério Sposito, M. Encarnação Beltrão Sposito, Oscar Sobarzo (orgs)
  • Cidades Médias: espaços em transição - Maria Encarnação Beltrão Spósito (org.)
  • Geografia Agrária - teoria e poder - Bernardo Mançano Fernandes, Marta Inez Medeiros Marques, Júlio César Suzuki (orgs.)
  • Geomorfologia - aplicações e metodologias - João Osvaldo Rodrigues Nunes e Paulo César Rocha
  • Indústria, ordenamento do território e transportes - a contribuição de André Fischer. Organizadores: Olga Lúcia Castreghini de Freitas Firkowski e Eliseu Savério Spósito
  • Questões territoriais na América Latina - Amalia Inés Geraiges de Lemos, Mónica Arroyo e María Laura Silveira