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| por Rodrigo Granda y Jesús Santrich. Agencia Bolivariana de Prensa | |
| ABP/05/04/2008 | |
| 5000 millones de pesos es el precio que le habían puesto a la cabeza del comandante guerrillero Iván Ríos; y he ahí la concepción de la vida de esta jauría que nos gobierna. Para ellos sí, la vida no vale nada, o pero aún, tiene el precio de unas cuantas monedas. Nosotros en cambio pensamos que el derecho a la vida lo debemos tener todos, sin precio y en decoro, y no sólo quienes desde el poder definen el destino de los hombres condenando a muerte a las mayorías por acción de la miseria que impone su mezquindad. Y si en las circunstancias de la lucha por causas altruistas en favor de los oprimidos, del combate necesario que nos impone el régimen, deviene la muerte, éste acto extremo de la confrontación debe proceder sin la calamidad de la degradación a que la han llevado los victimarios del pueblo que nos gobiernan a punta de masacres y motosierras. A los revolucionarios los explotadores nos quieren vivos o muertos, sin importarles que la vida se nos quite fuera de combate; es decir asesinándonos. Pero esta concepción es extensiva a todo aquel que pretenda levantar su voz contra las atrocidades de la guerra sucia. Están dispuestos a pagar por nuestras cabezas, o eliminar a quienes se organicen para clamar justicia y solidarizarse con las víctimas del terrorismo de Estado, cometiendo crímenes de guerra y violaciones a los derechos humanos, a fin de reducirnos. Ya lo hemos visto en el caso del homicidio de Iván Ríos, pero también lo estamos viendo en los casos de las amenazas y asesinatos de que vienen siendo víctimas los dirigentes que condujeron las marchas contra el paramilitarismo de Estado el día 6 de marzo. Pues bien, que vaya sabiendo los victimarios, los autores intelectuales encumbrados en el gobierno y sus esbirros, que ellos mismos están sentando con sus actos los precedentes que colmarán los expedientes que el pueblo ha de usar para juzgarlos, porque toda la barbarie que han desatado y que cínicamente nos endilgan a nosotros, no quedará impune cuando la victoria esté en manos de los oprimidos. Entretanto, el señor Juan Manuel Santos puede seguir soñando con lo que ha llamado la “implosión o el resquebrajamiento interno de las FARC”. ¿Será que no ha notado acaso el hedor que expele la necrosis que sufre su institucionalidad burguesa partiendo de su propio ministerio?, ¿Será que no calibra esa implosión en la responsabilidad genocida de un régimen que excavó con sus paramilitares millares de fosas comunes donde centenares y centenares de cadáveres están como evidencia inocultable de sus infamias? El Presidente Uribe pretendiendo no ser tan impúdico, o más bien desplegando mayor hipocresía, al referirse al asesinato del Comandante Iván Ríos, ha dicho que habría que mirar “cuál era el grado de presión o amenaza” que estarían sufriendo quienes cometieron el hecho; “cuál era la situación de riesgo…, para medir la proporcionalidad entre el riesgo y la acción que cometió la persona que está reclamando la recompensa"; al tiempo que aseguró que su gobierno seguirá estimulando estos pagos que permitan a las autoridades “dar con los delincuentes”, pero que Colombia como Estado de Derecho “no puede estimular masacres y por lo tanto necesitamos definiciones jurídicas", como si desde antes de llegar a la primera magistratura no estuviese ahogando al país en la sangre de una atroz matanza, y buscando las argucias para exonerar de culpas a sus socios paramilitares más entrañables. Nada le costará al Führer por otro lado, tomar un caso para lavar sus manos, seguramente. Pero que nadie se engañe, pues Uribe Vélez es uno de los artífices principales de la crisis humanitaria que padece Colombia, y de la descomposición y la consunción ética dentro de una institucionalidad fascista, absolutamente corrompida y moralmente colapsada. La política de recompensas, como el mismo Uribe Vélez lo ha dicho, siempre ha sido una política del gobierno, del suyo especialmente; y ha sido en el caso de la muerte del camarada Ríos la orden de su asesinato, un vulgar crimen de Estado; por eso, es una estupidez decir, como lo ha hecho Uribe, que dicha política pueda ser honrada. Quizás en la mentalidad de un personaje antes acostumbrado a pagar sus deudas con cocaína, esto sea un acto normal; pero en una sociedad que aspire a progresar en la moral y en las luces, este tipo de políticas es sencillamente abominable. Y no hay definición jurídica en ese plano, que por legal que parezca alcance el peldaño de la legitimidad. Estamos frente a los que se pretenden jueces de quienes luchan por la libertad y la felicidad del pueblo; pero… ¿quién ha dicho que los que oprimen, saquean y humillan con tanta inquina a las mayorías pueden sin pudor pretender juzgarnos?, y menos en el marco de un régimen fascista probadamente ilegal e ilegítimo, que como el de Uribe ha desangrado la patria valiéndose de atroces métodos como el de la tierra arrasada, las desapariciones, los desplazamientos forzados, las masacres y el descuartizamiento de sus víctimas inocentes; sin opción de protestas, porque cuando se alza la voz en contra del fascismo uribista, como sucedió en la marcha del 6 marzo, lo que se desata es más muerte…, más terrorismo de Estado. Habría que recordarles a quienes se llenan la boca hablando de la existencia en Colombia de un Estado de Derecho, que los principios de la verdadera justicia, han sido forjados por el hombre en sus luchas emancipatorias a lo largo de la historia; y ellos generalmente coinciden con la superación de la barbarie, no con su profundización. Y en su más elevada dimensión, la evolución histórica de un verdadero Estado de Derecho incluye la legitimación democrática del poder del Estado, que también tiene que estar sometido a normas jurídicas. Ese Estado de Derecho se valida en la medida en que supone el reconocimiento de los derechos personales, la responsabilidad del Estado y la legitimación democrática del mismo. Pero ni siquiera en esa concepción genéricamente burguesa del Estado se inscribe, hoy por hoy, el aparataje institucional podrido y criminal que representa a la dirigencia política colombiana y cuya más reciente expresión execrable es la realidad de la narco-para-política. Que esto sea un Estado de Derecho solo cave en la mentalidad de rábulas santanderistas como la del Fiscal, el ministro Santos, la de Uribe y los tiranuelos que conducen los rancios poderes públicos del régimen, que hacen leyes y fallan al acomodo de los paramilitares o para aplastar la protesta social; que hacen normas para impunizar los crímenes de lesa humanidad y lesa patria, mientras se crean mentiras para extraditar a los líderes revolucionarios. El crimen contra el camarada Ríos, entonces, deja en evidencia, como si fuera una torrencial denuncia ética de la conciencia colectiva, la ominosa esencia del uribista fascismo pro yanqui, al que sin duda deberemos seguir enfrentando con determinación y sacrificio, si en verdad queremos ver surgir una Colombia Nueva, diferente, justa y en libertad. |
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